En lo relativo a patrimonio histórico (que es el texto que se adjunta) los particulares han de tener los permisos por parte de los ayuntamientos, que ha de ejecutar la normativa autonómica respectiva (en aras de sus competencias, que tiene aunque no desarrolladas). Si es el propio ayuntamiento quien ejecuta el proyecto debe seguir esa misma normativa.

 
En el caso del patrimonio histórico se entiende que no hay desregulación sino descentralización.
 
Desde el municipalismo las competencias que los ayuntamientos tienen (pero que no terminan de desarrollarse ni de financiarse…uno de los muchos temas pendientes desde la llamada Transición) se hacen más evidentes en los ayuntamientos que ya tienen servicios específicos relacionados con el patrimonio (servicio de arqueología, museo local…).
 
En otras cuestiones, como las medioambientales (en las que también tiene interés el Ecomuseo y competencia el Ayuntamiento) hay que leer el Decreto original con detenimiento para posicionarse.
 
En cualquier caso, descentralizar no es desregular, y no debería serlo. Si se actuara mal desde los ayuntamientos…denuncia.
 
En concreto el Decreto dice que:
 
«Siempre que estas actuaciones impliquen una intervención mínima, entendiendo por tales las obras interiores que no afecten al subsuelo o a la estructura y configuración arquitectónica ni a elementos decorativos del patrimonio histórico» los municipios pueden directamente otorgar licencia de obras siempre que se ajusten a los requisitos de intervención mínima.
 
El problema está en la indefinición de «mínima» donde habrá mucho margen discrecional que requerirá que los ayuntamientos cuenten con expertos internos o externos en estas materias de patrimonio para no rebasar ese «minimo» poco definido.

Descargar aquí todo el Decreto: BOJA20-504-00094-4016-01_00171425

CARTA ORIGINAL

El 9 de marzo pasado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 12 de marzo, que tiene por objeto adoptar medidas de carácter extraordinario y urgente destinadas a mejorar la regulación económica, para potenciar la actividad en Andalucía, contrarrestar la desaceleración económica y sentar las bases que permitan reorientar el modelo productivo andaluz para hacerlo más competitivo y sostenible. En el que se aborda la modificación de aquellas normas que dificultan el acceso o ejercicio de una actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando trámites y reduciendo los requisitos administrativos injustificados o desproporcionados y, de esta forma, promover el desarrollo económico y la creación de empleo de calidad. Una de las normas que ha sido modificada ha sido la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

 

En el artículo 13 del citado Decreto-ley se acomete la revisión de los procedimientos de autorización administrativa regulados en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación con determinadas actuaciones sobre inmuebles que los particulares u otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en el entorno de los bienes de interés cultural así como en determinadas tipologías de estos bienes, al objeto de eliminar la preceptiva autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, siempre que estas actuaciones impliquen una intervención mínima. Todo ello, con el fin de eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas para el desarrollo de las actividades económicas.

 

En concreto se modifica el apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, que regula la autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o modificación que los particulares u otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno, excluyendo determinadas obras de tal autorización previa, lo que permite en estos casos a los municipios otorgar la licencia de obras sin esperar la intervención de la Consejería.

 

Así, desde el momento de la entrada en vigor del Decreto-Ley, el 13 de marzo de 2020, no es necesario la autorización previa ni comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para la realización de obras que impliquen una intervención mínima, entendiendo por tales las obras interiores que no afecten al subsuelo, a la estructura y configuración arquitectónica ni a elementos decorativos del patrimonio histórico, en los inmuebles comprendidos en los siguientes casos:

a) En el entorno de un Bien de Interés Cultural.

b) En los Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial o Zonas Patrimoniales, que no estén inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Monumentos y Jardines Históricos.

Es decir los municipios, en los citados casos, pueden directamente otorgar licencia de obras siempre que se ajusten a los requisitos de intervención mínima, sin tener que contar con la autorización previa de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, ni la previa comunicación de su inicio, en los Bienes de Interés Cultural y sus entornos, a excepción de los inmuebles que hayan sido declarados Monumentos o Jardines Históricos, al tratarse de obras que no alteran los valores patrimoniales por los que fueron declarados Bien de Interés Cultural. Encontrándose su municipio en esta situación, esperamos que esta medida permita agilizar la concesión de licencias, evitando demoras derivadas de la necesidad de autorización previa por esta Consejería.

Descarga aquí la carta: Carta Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico

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